Todos los países investigan y castigan los crímenes cometidos durante sus dictaduras: Brasil, Argentina, Alemania, Chile... Pero en España no. Baltasar Garzón hizo un intento (registró 114.000 desapariciones forzadas) pero fue acusado de prevalicación, según la Ley de Amnistía creada en 1979, que dice que los crímenes han prescrito y con ellos la búsqueda de culpables. Sin embargo, dos años antes de esta ley, España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. Precisamente la ONU junto con juristas, familiares de víctimas y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclaman que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (...) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica por qué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".
El Investigador de Derecho Internacional de la Universiadad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, declara que los familiares deben buscar ayuda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", pues los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables y, sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos. Rodríguez Arias dice también que "los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas" y que no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino "de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado" y considera que "estos crímenes no fueron, sino que son", ya que sus víctimas aún sufren las consecuencias.
El Investigador de Derecho Internacional de la Universiadad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, declara que los familiares deben buscar ayuda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", pues los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables y, sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos. Rodríguez Arias dice también que "los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas" y que no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino "de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado" y considera que "estos crímenes no fueron, sino que son", ya que sus víctimas aún sufren las consecuencias.
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